Los cementerios en 1865

Hoy recordamos con admiración no excenta de sorna, que el 12 de marzo de 1865 el llamado emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, ratificó la secularización Juarista de los cementarios, uno de los modos que el clero mexicano de la primera mitad del Siglo XIX tenía para el control de las conciencias (“morir en pecado” era no tener derecho a “ser sepulatdo en sagrado”), para una buena fuente de ingresos económicos; tanto, que si no se pagaba el extipendio el difunto no era aceptado en el cementerio de las iglesias, y menos en los de los conventos. Ya se comprende a cuántas injusticias daba lugar esta dispsosición, sobre todo para los pobres que se veían obligados a sepultar a sus muertos a escondidas y en los lugares más increibles, como bosques y barrancas.

Por otra parte, recordar que en ese tiempo éste movimiento de secularización fue generalizado en Europa y todas las Américas, lo que también explica la forma de pensar del “güero Max”.

La comisión de conservadores mexicanos, que había invitado a Maximiliano a ser emperador, conocía los antecedentes liberales del archiduque; por consiguiente, según su propia convicción, Maximiliano, un liberal al estilo de la época, desarrolló en llegando a México una política en desacuerdo con la posición tradicional de la clase conservadora y del clero mexicano.

El liberalismo del emperador lo enfrentó con quienes lo habían llevado al poder, sobre todo cuando reconoció la legislación Juarista (Leyes de Reforma), e incluso integró en su gabinete a liberales distinguidos como los dos constituyentes de 1857: Pedro Escudero y José María Cortés y Esparza.  Por otra parte ratificó las leyes que despojaban de sus bienes a la iglesia a pesar de las presiones recibidas por parte del Vaticano y del obispo de México (Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Doctor Don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos), y promulgó muchas normas acordes con el liberalismo de la época. Entre esas normas está la que da lugar a esta nota: ratificó la ley del 31 de julio de 1859 donde se disponía que “cesa en toda la República la economía que de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o criptas mortuorias ha tenido hasta hoy el clero, así secular como regular”. Y los cementerios al dejar de ser controlados por la Iglesia, pasan a ser propiedad del estado, lo mismo que su administración tanto del dizque imperio, como de la República.

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