EL ACTA VERDADERA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO.

EL ACTA VERDADERA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO,

CHILPANCINGO 1813.

El “imperio mexicano”, y la “consumación” de 1821,

la gran mentira de 200 años.

Fernando López Alanís

Amigos todos y Hermanos muy queridos: gracias por acompañarme en este espacio para reflexionar sobre un tema que parce de grande importancia, vistas nuestras próximas festividades bicentenarios en 2021, sobre una fecha que conmemora falsa, y por lo tanto de manera ilegítima, nuestra independencia: el 27 de septiembre de 1821.

Nuestra propuesta es que consideremos ya que el Acta verdadera de la Independencia de México es la firmada en Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813.

         ¿Qué tan relevante es aceptar o no una u otra, rechazando la que no, o aceptar las dos como si fueran una sola? 

Vamos a verlo así: en todo el mundo las Actas de Independencia van seguidas de una Constitución, llamada también Acta Constitutiva, que, jurídicamente, les permite a los pueblos independizados poner las bases para el ejercicio de su soberanía, para su reconocimiento como estados autónomos, la sociedad humana que los conforma y las leyes que los regirán, el territorio que ocupan, y todo lo demás que sabemos.

Esto mismo dígase de los pueblos que no habiendo tenido necesidad de independizarse de otros, se han constituido a sí mismos como estados soberanos mediante ese documento llamado Constitución Política. Todo esto es cosa sabida, pero vale la pena recordarlo porque son las bases para nuestras reflexiones de ahora, lo mismo que lo siguiente: cuando los “pueblos declaran su independencia lo hacen con un fin, el cual aparece en su Acta de Independencia y en su Acta Constitutiva. No puede haber un fin diferente, ni menos contradictorio, entre el expresado en uno y otro documentos. Sería una inconsecuencia que invalida a ambos documentos.

Este criterio es esencial en nuestro caso. El Estado crea Derecho, aplica una constitución, tiene jurisdicción, ejecuta sanciones, es titular de derechos y obligaciones, es sujeto de derecho internacional; pero, ¿cuándo realmente se crea el Estado Mexicano?

Vamos a recordar, así por encimita, otros conocimientos que nos serán muy útiles: la autonomía de los estados se entiende generalmente como la capacidad de darse normas a sí mismos sin influencia de presiones externas ni internas; es la capacidad de tomar decisiones sin ayuda ni influencia de otro. El concepto opuesto es heteronimia. La autonomía es elemento esencial de la soberanía.

Desde mi punto de vista hay dos maneras de conocer en el caso de México cuál de ambas actas de independencia es la que tiene validez. Una es el origen mismo de las actas, su vigencia y trascendencia; y el otro es el de las consecuencias; esto es, el Estado Nacional a que dieron origen según su Acta Constitutiva, lo que conoceremos por el desarrollo histórico jurídico, social y cultural de nosotros los mexicanos como pueblo durante doscientos años.

Vamos a plantear el problema de este modo: Uno de los grandes contrastes de nuestra conciencia como mexicanos, es el sentimiento de nacionalidad sin saber bien a bien dónde está el “Acta de Nacimiento” que sustenta su origen

(Perdón por la digresión, pero es importante aclarar que me veo en la necesidad de utilizar las palabras y conceptos “conservador y conservadurismo”, “clero político”, “liberal y liberalismo”, de acuerdo a lo que se entendía y definía durante el Siglo XIX y la primera mitad del XX: nada que ver, por lo tanto, con las actuales formas denigratorias y excluyentes de esos términos. Gracias.)

Se ha venido tomando como oficial el Acta de Independencia del Imperio Mexicano de 1821, más por influencia y por tradición del conservadurismo eclesiástico, que por criterios de verdad y crítica histórica. Esa Acta fue firmada por mexicanos y españoles, como si fuera además “la consumación” de esa independencia; sin embargo, muchos que buscamos y estudiamos críticamente el verdadero valor de los hechos de la Independencia (y afortunadamente entre esos muchos se cuentan todavía maestros de escuela y de universidades que han procurado guardar las tradiciones y valores de nuestro pueblo), tomamos esa afirmación como una gran mentira, y sostenemos que la Independencia de México comienza el 16 de septiembre de 1810, el Acta que sustenta su nacimiento como Nación, y como Estado Mexicano, se firma el 6 de noviembre de 1813 en Chilpancingo, llamada oficialmente Acta Solemne de la Independencia de la América Septentrional, y el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana

Y por mantener la palabra “consumación”, de acuerdo con los principios jurídicos internacionales del Siglo XIX y actuales, afirmamos, y es nuestra segunda propuesta, que la verdadera consumación se realiza cuando el Congreso Constituyente jura la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y Manuel Félix Fernández, Guadalupe Victoria, toma posesión como primer presidente de la República Mexicana, ambos acontecimientos en Octubre de 1824, pues a partir de ese momento, no antes, los Estados Unidos Mexicanos cumplen con todos los requisitos de ser un estado libre, independiente, autónomo; es decir, soberano. No antes.

Además, por Decreto del 27 de noviembre de 1824 del Congreso Constituyente, se han de solemnizar dos fechas: la del 16 de septiembre, y la del 4 de octubre, ésta por ser el día de “la sanción de la Constitución”, que es precisamente la fecha “desaparecida” de nuestra historia para conmemorar otra totalmente infundada, la del 27 de septiembre de 1821Además, hasta donde mis noticias llegan este Decreto no ha sido derogado.

Finalmente he de advertir una distinción entre la realidad, la historia y la jurisprudencia: históricamente no se puede negar la existencia de un período de nuestra historia, entre el 18 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823, conocido como el “Primer Imperio”, o como el “Imperio de Iturbide”; la realidad es que efectivamente durante esos meses social, política, económica, militar y aun religiosamente se vivió y, en algunos casos se sobrevivió (a pesar de la pérdida de libertades fundamentales, que van de la libertad de imprenta a la de asociación), bajo un régimen autocrático cuyo titular se autonombraba y decía  comportarse como “emperador”. (permítanme recordar, así entre paréntesis, las burlas que el pueblo y las gacetas hacían del ceremonial de la corte iturbidista, de los príncipes y princesas, y de las vestimentas) Sin embargo, y es nuestra postura, jurídicamente nunca existió el tal imperio ni el tal emperador, según lo hemos advertido y continuaremos demostrando a lo largo de este trabajo. Veamos, en síntesis:

Primero: El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba resultaron inoperantes y sin valor.

Segundo: Los documentos sobre un congreso, publicados por Hidalgo, López Rayón y José María Morelos, dieron como resultado el Congreso de Anáhuac.

Tercero: Análisis del texto del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, y su invalidez.

Cuarto: Análisis del texto del Acta de Independencia de la América Septentrional, y de su trascendencia en el Congreso de Anáhuac, el Constitución Federal de 1824 y en las subsiguientes.

Primero:  A. El gobierno español no reconoció a don Juan O’Donojú facultad alguna para comprometer a España al firmar esos documentos, y Las Cortes españolas desconocieron absolutamente, rechazaron de plano, el Tratado de Córdoba y, por lo tanto, la independencia mexicana. Estas decisiones fueron publicadas en la Gaceta de Madrid los días 13 y 14 de febrero de 1822.

Si un tratado se compromete entre dos partes, y una de las partes no lo acepta ni lo firma, entonces NO HAY tratado. 

Tan es así, que los españoles tomaban como legítimas las agresiones al territorio mexicano desde San Juan de Ulúa, y la pretendida “reconquista de Isidro Barradas” en 1829. Recordemos que España reconoció la independencia mexicana hasta 1836 como un hecho consumado, y que este reconocimiento fue ciertamente mediante el Tratado de Santa María de Calatrava, firmado por los representantes de México y España, y reconocido por ambos estados soberanos. (Los “tratados de Córdoba” ni siquiera se mencionaron)

B.- Por parte de México sucedió todo esto: En 1821 el coronel de milicias Agustín Iturbide y los conjurados de La Profesa nombraron una Junta Provisional Gubernativa, y firmaron su desagradable “Acta de Independencia del Imperio Mexicano”, con esta maravilla de introducción: “La Nación Mexicana, que por trescientos años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa enteramente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos insuperables” (sin comentarios), y específica: que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin, que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos (si fuere necesario) esta solemne declaración, hecha en la Capital del imperio a 28 de Setiembre del año de 1821.

¿Y qué pasó con el 27 de septiembre? Pues eso, que entró triunfante a la ciudad de México el ejército Trigarante, con todo su anecdotario, y ya. Provocó muchos y muy patéticos asuntos, entre otros que ni siquiera un año duraron las tres garantías: jamás hubo unidad de españoles y mexicanos (verde), que los insurgentes de la primera etapa se retiraron enfurecidos y agraviados por el desconocimiento a Hidalgo, Morelos, Allende y todos los héroes anteriores (rojo), y la Santa Iglesia (blanco) le retiró su apoyo cuando vio cómo se desmoronaba “el imperio”.

La Junta Provisional Gubernativa convocó a Cortes (congreso) que acabó por enfrentarse a Iturbide. Primero porque canceló todas las libertades, en especial la de publicar y la de reunión, y segundo porque cometió el grave error de disolverlo, y de encarcelar a los diputados que se negaron a elegirlo emperador. Y aquí viene lo mejor: 

En la sesión del 8 abril de 1823, las Cortes determinaron que “jamás hubo derecho para sujetar a la nación mexicana a ninguna ley ni tratado, sino por sí misma o sus representantes”, o sea el Congreso mismo, por lo que declaró insubsistentes el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba …  por lo respectivo a la forma de gobierno que establecen y los llamamientos que hacen a la corona española, quedando la nación en absoluta libertad para constituirse como le acomode”. Y así, Toda continuidad queda rota y no hay imperio alguno que declarar independiente. Pero tampoco se hace una declaración de independencia que omita las palabras “imperio mexicano”, ¿por qué? Pues porque ya existía un Acta Solemne que se ocupaba de eso: la de Chilpancingo.

La otra de las dos partes de los mal llamados Tratados de Córdoba, tampoco los reconoce, los rechaza, ni, por lo tanto, los firma. ¿De dónde la necedad de llamarlos tratados y de darles la importancia que nunca tuvieron ni han tenido? Como veremos, de reservarse el conservadurismo eclesiástico, y sus adláteres, una presencia importante en la formación ideológica del pueblo mexicano, manteniendo al absolutismo (léase también dogmatismo) como ideal opuesto a la república y a los principios y libertades de la democracia.

Segundo: la línea de los Insurgentes, 1810-1824. El 15 de diciembre de 1810, el señor Miguel Hidalgo proclamó en Guadalajara: “Establezcamos un Congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto principal mantener nuestra santa religión, dicte las leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo.” Y en contraste con lo que practicaban los españoles “Gachupines”, dejaba claro que esos Representantes “gobernarán con la dulzura de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero, fomentarán las artes, se avivará la industria, haremos uso libre de las riquísimas producciones de nuestros feraces países y, a la vuelta de pocos años, disfrutarán sus habitantes de todas las delicias que el soberano autor de la naturaleza ha derramado sobre este vasto continente.”

Por su parte el 12 de noviembre de 1812, el Licenciado Ignacio Rayón hace circular los “Elementos constitucionales”, donde se contempla la formulación y expedición de leyes por un Congreso, dejando fuera a los españoles enemigos de la nueva nación.

Otro antecedente importante es el primer ensayo de un Congreso democrático denominado Junta Suprema Nacional Gubernativa, o la “Junta de Zitácuaro”, el 19 de agosto de 1811, en la que no hubo ningún español, a los que furiosamente combatían.

Finalmente, el 28 de junio de 1813, el capitán general José María Morelos, hizo la convocatoria al Congreso de Anáhuac, proponiendo que se reuniese el 8 de septiembre de ese año en Chilpancingo, pues “Habiendo ya la Divina Providencia proporcionado un terreno seguro y capaz de plantar en él algún gobierno, debemos comenzar por el prometido en plan de nuestra santa insurrección, que es el de formar un Congreso, compuesto de representantes de las provincias que promuevan sus derechos. Y como cada uno deba ser electo por los pueblos de la misma provincia que representa, se hace preciso que…” 

El 25 de julio del mismo año Morelos gira instrucciones para la elección de diputados; el 8 de agosto envía una circular a fin de establecer el Congreso; el 11 de septiembre expide el reglamento de su instalación, funcionamiento y atribuciones del ahora llamado “Supremo Congreso Mexicano”; el 13 de septiembre se hace la inauguración solemne de ese Primer Congreso; el 22 de octubre de 1814 fue sancionado el Decreto Constitucional de la América Mexicana, en Apatzingán… Pero antes, hubo dos documentos de extraordinaria importancia para el futuro de la naciente nación: Los Sentimientos de la Nación y la Solemne Declaración de Independencia.

Pues bien, nadie ha negado jamás la importancia y trascendencia de “Los Sentimientos de la Nación”, tampoco la legitimidad del Congreso de Anáhuac, y si bien muchos se empeñan en minimizar el Decreto Constitucional del que surgió, lo cierto es que ahí está y es el antecedente real, como veremos, de nuestras constituciones. 

Veamos entonces las dos actas de independencia. Comencemos por la supuesta de 1821: Un Acta de Independencia debe originar un Acta Constitutiva consecuente, que se complementan sin contradicción, y dan lugar a un Estado Libre y Soberano.

El Acta de Independencia del Imperio Mexicano específica claramente “que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías”. Pero resulta que los “tratados de Córdoba” fueron desautorizados y desconocidos, como hemos visto, tanto por el gobierno español como por el Congreso Mexicano, y el Congreso Mexicano desconoció también el Plan de Iguala. Y lo más importante y trascendente: esta Acta no originó ninguna Constitución, ni para un impero ni para nada, y, por lo tanto, tampoco existió jurídicamente ningún primer imperio mexicano. Ninguno.

A mayor abundamiento: Este documento lo firmaron españoles, ricos y nobles novohispanos, designados por Iturbide, en número de treinta y cinco, NINGUNO ELECTO POR EL PUEBLO, comenzando por él mismo y por el Excelentísimo señor don Juan de O’Donojú, teniente general de los ejércitos españoles, gran cruz de las órdenes de Carlos III y San Hermenegildo. Otros firmantes del Acta de Independencia del Imperio fueron el doctor don Manuel de la Bárcena, arcediano de la santa iglesia catedral de Valladolid y gobernador del obispado, tan español como el señor doctor don Matías Monteagudo, rector de la Universidad nacional, canónigo de la santa iglesia metropolitana de México y prepósito del oratorio de San Felipe Neri, quien fue el protector de Iturbide y el que formó parte de los jueces que condenaron a Morelos. Otro español, en verdad notable, fue el doctor don Miguel Guridi y Alcocer, cura de la santa iglesia del Sagrario de México, quienes abandonaron a Iturbide cuando se sintieron traicionados por éste. Además, todo indica la mano de la iglesia, no sabemos si todavía española o ya imperial mexicana, esperando una testa coronada de España, según los papeles de Córdoba. Y lo más horrible, que pocos han advertido: ninguno de los españoles firmantes, ni de los novohispanos que lo habían hecho, se declaró libre de su juramento de fidelidad al monarca español.

En cambio, subrayamos, el “Acta Solemne de la Declaración de Independencia de América Septentrional”, expedida en Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813, fue convocada por José María Morelos siguiendo la línea independentista de Miguel Hidalgo, de la Junta de Zitácuaro, de los puntos constitucionales de Ignacio Rayón, y fue sancionada por el Congreso de Anáhuac, cuyos integrantes fueron electos por una convocatoria, e hicieron el juramento de servir a la patria naciente. Y termina “declarando reo de alta traición a todo el que se oponga a su independencia.” La firman, en el Palacio Nacional de Chilpancingo, quienes mencionamos antes. Agregar que los congresistas de Chilpancingo no fueron “designados”. Todos los diputados al Congreso de Anáhuac desconocieron, en nombre de sus representados, absolutamente y para siempre, que el monarca español tuviera derechos sobre el pueblo y el territorio de la América Septentrional. Esta Acta no la firmó ningún español, no tenía ninguna intención oculta. Toda ella, absoluta y limpiamente insurgente y para constituir un Estado libre y soberano: da lugar a una constitución que no la contradice, elige conforme a ella un poder ejecutivo y un poder judicial y, en los territorios liberados, tiene una cierta aplicación.

Creo que queda clara nuestra propuesta primera. Veamos la segunda. Dado que el Plan de Iguala y los papeles de Córdoba fueron desconocidos y rechazados por sus partes, y que las Cortes, o el Congreso de 1822, declararon insubsistentes y sin ningún valor a Iturbide como emperador, por eso no aceptaron “su abdicación”: no tenía nada a que abdicar, y que ya no procedía la redacción de una constitución que contemplara una monarquía o un imperio, citaron a elecciones para la formación de un congreso constituyente, al que ellos y el pueblo aceptaron y reconocieron como legítimo. Este Congreso de instaló en noviembre de 1823, redactó la Constitución Federal de los estados Unidos Mexicanos, y la juró en octubre de 1824. México inició el dificultoso camino de la institucionalidad.

Pero, y esto es lo crucial, ¿esta Constitución que Acta de Independencia la sustenta? Evidentemente no en la que se sustenta documentos repudiados y cuya intención de formar un reinado con príncipes europeos o un imperio criollo que nunca existió, sino en la de Chilpancingo de 1813. De otro modo: la Constitución Federal de 1824 crea un estado democrático, libre y soberano, representativo y federal, que niega totalmente el Acta imperialista del 28 de septiembre de 1821, y es, en cambio, total y perfectamente congruente con los postulados y principios del Acta de Independencia redactada, firmada y proclamada en Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813.

Y parece que así queda también respaldada nuestra segunda proposición:  que la verdadera “consumación de la independencia mexicana” se sustenta la Jura de la Constitución Federal de 1824 y la elección y jura constitucional del primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria. Es auténticamente el ejercicio de la libertad y de la soberanía de un pueblo que tiene un territorio, que ha hecho elecciones, que acata a las autoridades que ha elegido, y que acepta las leyes constitucionales que se ha dado y las que se deriven de ella.

A mayor abundamiento: El poder judicial de México tiene en realidad su nacimiento en el decreto del 27 de agosto de 1824 del Congreso Constituyente de ese año, pues en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, se mandaba que el poder judicial de la federación se depositara en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. Lo interesante aquí es que el fondo y el sentido de esta Constitución y de la Corte de Justicia emanada de ella, se ligan directamente con la Constitución de Apatzingán y con el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana (Ario, 07-03-1815), y por este camino con el Acta de Independencia de Chilpancingo de 1813, no con la imperialista de 1821, la cual así queda una vez más negada por la realidad.

Finalmente: Desde Chilpancingo y Apatzingán nos llegan, como lo más conocido, lo relativo a la soberanía que está depositada en el pueblo, la división y autonomía de los tres poderes, y es importante en extremo recordar otros principios que permearán hasta nuestros días: la igualdad ante la ley y que los juicios sean por leyes conocidas con anterioridad, contra los privilegios hereditarios, las libertades de reunión y de opinión, la de traslado y de la libre circulación de las ideas, la inviolabilidad domiciliaria, la abolición de la tortura, que las penas jurídicas sean correctivas y no “simples suplicios”, el derecho que ahora llamamos de petición y la obligación de la autoridad de responderla, dictar leyes de carácter social como las de instrucción que ahora llamamos de educación, fomentando las artes y los oficios. Y otras muchas que los Abogados Constitucionalistas nos podrán ilustrar mejor, como por ejemplo lo mucho que contiene de lo que ahora llamamos Derechos Humanos.

Pero también hicimos otra afirmación: que el conservadurismo tanto eclesiástico como el de sus seguidores civiles, son quienes han mantenido las ideas de reyes, emperadores, locales o extranjeros, y de dictadores apoyen y protejan sus intereses, y que gobiernen a los mexicanos conforme a esos intereses. Todo comenzó cuando la Constitución Federal de 1824 no respondió totalmente a esos intereses: ellos se declararon en contra, la condenaron y entraron a una dinámica funesta de apoyar a todo lo que se opusiera al federalismo, apoyando económicamente y con homilías al centralismo. Apoyaron la invasión estadounidense, cuyos generales les aseguraban el respeto religioso y la garantía de no tocar sus bienes materiales, y el obispo de Puebla en mayo de 1847, Francisco Pablo Vázquez, recibió al general invasor Winfield Scott en la catedral de esa ciudad, “bajo palio, otorgándole los lugares principales”, y con repique de campanas.

Habiendo perdido la iglesia y los conservadores la llamada “Guerra de Reforma”, durante la cual alcanzó su máximo la propuesta del “padre Arenas” de traer un príncipe extranjero a gobernarnos, promovió otro imperio igualmente ilegitimo y extraordinariamente sangriento: el de Maximiliano de Habsburgo, apoyado por las armas francesas y por las armas de los conservadores mexicanos. Y sucedió los mismo que a Iturbide: a ese ilegitimo “emperador” austriaco lo abandonaron la iglesia que lo trajo, los franceses, y los conservadores mexicanos. Y, lo mismo que el imprudente Iturbide, acabó fusilado. Ante lo cual tanto el clero político como los Conservadores se calmaron y convirtieron en conservador de vieja escuela al dictador Porfirio Díaz, quien antes los había combatido.

Pero llegó La Revolución de 1910, y el clero vio una enorme oportunidad de ir por el poder político. El Partido Católico Nacional fue un grupo muy politizado y muy activamente partidario de las actividades sociales entre los católicos de la época, llegó a gobernar en Zacatecas, Jalisco, Querétaro y el Estado de México. Resulta que, a los conservadores del siglo XIX, sucedieron los movimientos sociales católicos de principios del siglo XX, con el mismo discurso de su propia visión de la historia, exaltando las figuras de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés y de Agustín Iturbide, con las cuales se contraponían al discurso liberal. Y se presentó para ellos la gran oportunidad de celebrar el “centenario de la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1921”, invitando al pueblo a festejarlo mediante una “carta pastoral” publicada el 12 de julio de 1921, firmada el por todos los obispos y arzobispos de México, y apoyados por prensa conservadora encabezada por los periódicos El Universal y Excélsior. Su presencia fue tan fuerte y determinante que todavía vivimos con esa mentira. Sin embargo, la respuesta liberal fue también fuerte, pero no logró el mismo impacto: el 23 de septiembre de 1921 la Cámara de Diputados decidió borrar el nombre de Agustín de Iturbide, e inscribir en su lugar el de Belisario Domínguez. La propuesta para el cambio decía: “En vista de la audaz tentativa de la reacción para lograr la imposible, la absurda apoteosis de Agustín de Iturbide, el conocido traidor, el iniciador de los cuartelazos, creemos necesario que esta Cámara de Diputados sostenga los fueros de la verdad histórica y evite la indigna mistificación, esa grotesca superchería. Los reaccionarios se atreven a presentar a Iturbide como el verdadero Libertador de México y los mexicanos honrados y conscientes debemos oponernos a ese crimen contra la santidad de la historia.”

         Y, para terminar, diremos que aquí estamos todavía tratando de que el año 2021 no se convierta en una festividad basada en una enorme mentira que, además, distorsiona la verdad jurídica e histórica. 

         Muchas gracias por su atención, y sigo a sus órdenes. 

Es cuanto.

Fernando López Alanís

Tacámbaro de Codallos, Michoacán de Ocampo, 

Septiembre de 2020, año de la pandemia.

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